No habrá "punto final" en Chile

Para no dejar dudas sobre el rumbo de su administración, a un mes de haber asumido, el gobierno afirmó que en Chile "no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos” pues se "mantiene intacto” el criterio seguido en la materia por los gobiernos anteriores

Así lo expresó la flamante secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, la abogada penalista Rossy Lama, quien anunció que el gobierno "llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos” para trabajar "en conjunto”.

Aseguró que las prioridades de su gestión son "las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.

"También prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación”, advirtió Lama en una entrevista publicada hoy por el diario estatal La Nación, en la que anunció que el gobierno va a "seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas”.

La funcionaria sostuvo que "las líneas de acción de este Programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada”.

"Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este Programa”, aclaró y subrayó: "Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este Programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos”.

Lama rechazó la posibilidad de fijar un plazo para la conclusión de los procesos por violaciones de derechos humanos durante la dictadura porque "las causas tienen un curso natural” y "la historia” ha "demostrado” que "en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos”.