Una familia desaparecida hace ocho años del paraje Crucecitas Séptima del departamento Nogoyá y de la que, pese a las investigaciones y rastrillajes en el campo donde vivían jamás se supo su paradero, apareció como beneficiaria del plan nacional de Asignación Universal por Hijo.
Fue en un velatorio en la localidad entrerriana de Viale, el 13 de enero de 2002, cuando se vio por última vez a Jesús Rubén Mencho Gil, de 56 años en ese entonces, su esposa, Margarita Norma Gallegos, de 26, y sus hijos María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6 y Carlos Daniel, de 4 años.
El juez de Instrucción local, Sebastián Gallino, que investiga la desaparición del matrimonio y sus cuatro hijos solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que en forma urgente informe cómo fueron incluidos en el sistema, si alguna vez tuvieron algún plan social o recibieron subsidios y si la ayuda económica su nombre fue percibida en diciembre de 2009, mes que se comenzó a abonar el plan.
La investigación se inició tras la presentación judicial realizada por el abogado Guillermo Vartorelli, quien representa a los hermanos de "Mencho", como se lo conocía a Gill, quien en la página oficial de Anses apareció como apto para percibir a principio de enero en una sucursal del Banco de Entre Ríos SA de Viale, la suma de 720 pesos del beneficio por tener a cargo a sus hijos. Luego de la denuncia judicial, en la página del organismo nacional figura que el grupo familiar "no cumple los requisitos".
Requisitos. Si bien habrá que esperar los informes del organismo para conocer qué ocurrió, la hipótesis más sonante es la que alguien habría tramitado el beneficio ilegalmente, como ya ha ocurrido en otros casos. Lo llamativo es que para acceder al subsidio es preciso que los padres sean desocupados y que los niños vayan a la escuela y tengan controles médicos y todas las vacunas. Nada de esto se cumple con los Gill, ya que desde su desaparición no existe registro alguno de ellos en el sistema de salud ni educativo del país.
Por otra parte, el cobro de la asignación sólo puede realizarlo el titular con su DNI y si no va a buscar su tarjeta de cobro, al mes siguiente se le da la baja. Además, los bancos habilitados para pagar tienen la orden de no abonar el beneficio a aquellos que no hayan percibido el primer subsidio, que en este caso se habría percibido, lo cual vuelve aún más oscuro el caso.
Controles. Según consigna en su página web, la Ansés controla los requisitos, la liquidación y hace un seguimiento posterior a ésta para evitar maniobras fraudulentas para el Estado. También prevé penalidades por cobrar indebidamente la asignación, como el recupero del dinero mal percibido hasta una denuncia penal.
Fuente:La Capital on line
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