A.F.J.P

La reforma del régimen previsional que impulsó el gobierno y ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados abre un debate sobre el futuro pero también habilita a una revisión sobre el pasado. Por un lado, la iniciativa permite volver a pensar en la posibilidad de construir una red social que contemple la protección del derecho de los trabajadores activos y pasivos y es una punta para rediscutir el rol del sistema financiero cuyo marco legal aún lleva el sello de la dictadura. Por otro, merece una revisión política sobre las responsabilidades de aquellos que pusieron su voto para habilitar la reforma de 1994, pero también de los que dejaron que el Sistema Nacional de Previsión Social (SNPS) colapsara y diera lugar así al consenso social que derivó en la privatización.



Los años noventa significaron el tiro de gracia para un conjunto de derechos que —aunque imperfectos y parciales—habían representado un avance en la disputa por la distribución del ingreso por la acción reivindicativa de los trabajadores y por eso, la posibilidad que ahora se abre con la reforma, requiere de construcción de consensos (no exentos de disputas) que permitan establecer en un escalón cualitativamente superior al conocido como son los lazos de solidaridad intergeneracional que caulquier convivencia social exige.

Por eso, es clave ser preciso en el diagnóstico de las causas que llevaron a la eventual quiebra al sistema nacional antes de la privatización en el año 94 y esto es relevante porque parte del consenso social que acompañó esa iniciativa privatizadora surgida en definitiva por una realidad incontrastable: la situación de déficit y la postergación del haber previsional derivado del viejo SNPS.

Esto también exige un repaso desde lo político e incluso desde lo judicial, de lo actuado por quienes desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo acompañaron con su aprobación las reformas de los 90. Esto permitiría terminar con la impunidad en cuanto a los derechos sociales.

Como consecuencia de un pacto fiscal de aquellos años, las provincias se obligaron a renunciar al 15 por ciento de los fondos coparticipables (aquellos que hoy reclama el gobernador Hermes Binner), para destinarlos a financiar el déficit previsional, en el marco de la armonización de los sistemas nacional y provinciales, un proceso que sólo se cumplió en parte. De hecho aún subsisten un conjunto de regímenes provinciales que sería auspicioso unificar en el nuevo sistema nacional en transformación.

Por efecto de la reforma del 94 el Estado renunció a percibir los aportes de quienes optaron por el sistema de capitalización, pero además, como consecuencia de la reducción de las tasas de contribuciones patronales el Estado debió endeudarse para cubrir el enorme agujero fiscal provocado. Tanto es así, que el crecimiento de la deuda pública entre 1994 y 2001, se explica en más de un 80 por ciento por el efecto de esta necesidad de cobertura.

Entre julio de 1994 y junio de 2008, el Estado nacional dejó de percibir en concepto de aportes la suma de 61 mil millones de pesos que —durante los años de la convertibilidad— fueron una idéntica cantidad de dólares y en concepto de reducción de contribuciones patronales jubilatorios 20 mil millones de pesos, ambos en términos nominales.

Según el criterio de actualización de esas cifras que se aplique, esto sería equivalente a 158 mil millones de pesos aproximadamente. Además, hay que agregar que esta merma de ingresos generó necesidad de endeudamiento, por lo que el Estado también tuvo que devengar intereses por él. Así, quedó obligado no sólo a seguir atendiendo las prestaciones preexistentes a la reforma sino además: la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC), el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y la prestación adicional por permanencia. Las tres últimas sólo en el sistema de reparto.

Como si esto fuera poco, la garantía de un haber mínimo obligó al Estado nacional a cubrir la diferencia no resuelta por el haber de retiro de las cuentas de capitalización, en concepto de jubilación ordinaria.

Por otra parte, las reformas en el régimen de riesgos del trabajo significaron un aumento de la precariedad de cobertura para los trabajadores cuya contrareforma aún es un capítulo pendiente.

Transferencias

El sistema financiero, a través la creación de un circuito de negocios (administradoras y compañías de seguro) se apropió de trabajo necesario (remuneración diferida bajo la forma jurídica de aportes personales) teniendo a los trabajadores en relación de dependencia como principales aportantes. De ese modo, las empresas tanto de origen nacional como extranjero, accedieron fácilmente a la posibilidad de acumular capital que devino en una nueva escalada en los procesos de concentración y centralización.

En este sentido, la decisión de volver al Estado el ingreso de los aportes personales, restablece la posibilidad de discutir el nivel de los haberes de jubilados y pensionados y que éstos superen definitivamente los niveles de pauperización que hoy expresa el haber mínimo.

Entre el inicio del régimen de capitalización en julio de 1994 y el 30 de junio de 2008 (último informe trimestral publicado), el fondo de jubilaciones y pensiones (FJP) administrados por las AFJP registró ingresos nominales por 137,1 mil millones de pesos y egresos nominales por 38,3 mil millones de pesos.

Entre los ingresos se cuentan más de 60 mil millones por aportes; unos 68 mil millones por revalorización nominal y 7,8 mil millones en capitales complementarios. En tanto, la columna de los egresos está liderada por las comisiones a las AFJP que suman más de 19 mil millones, casi 2 mil millones en prestaciones pagadas y casi 9 mil millones en transferencias a las compañías de seguro de retiro, entre otras (ver infografía).

Esto refleja algunas relaciones nominales interesantes, como por ejemplo las transferencias a las compañías de seguro de retiro (para atender obligaciones futuras, en general aún no exigibles) por valor de casi 9 mil millones de pesos. Este dinero salió del fondo de jubilaciones y pensiones (FJP), es decir de las cuentas individuales de los afiliados al régimen.

Desde junio de 2008, el FJP registró fuertes pérdidas, superiores a las existentes en otros períodos de crisis financieras y por tanto hasta podría decirse que el gobierno nacional demoró mucho en tomar una decisión como la de las últimas semanas de estatizar los fondos.

Como dato, el 31 de julio de este año el FJP ya había registrado una caída de casi 400 millones de pesos respecto de junio, con un aporte de los trabajadores durante ese mes que había superado los 800 millones de pesos.

Socios del ajuste

La caída de la valorización del FJP se debe estrictamente a la crisis financiera y se refleja tanto en la baja de títulos públicos como privados, aunque la pregunta subyacente es por qué los trabajadores activos y los beneficiarios deben soportar una pérdida, una respuesta que variará según sean los intereses de los interlocutores.

Esos riesgos no lo asumieron en la misma medida las AFJP. El costo de administración (comisión percibida versus aportes obligatorios ingresados) en promedio fue del 32,3% y tuvo sus máximos entre julio 2002 y junio 2003 (39,5%) y su mínimo entre julio 2007 y junio 2008 (23,2%), una disparidad explicada por el método de cálculo.

Estos porcentajes de comisiones se realizaban sobre el haber bruto, independientemente de la tasa de aporte del trabajador que fue inicialmente del 11%, luego del 5%, más adelante del 7% y hoy rige nuevamente el 11%.

Con lo cual, cabe el interrogante sobre en qué gastaron las administradoras todo ese dinero que nominalmente sumó 17 mil millones de pesos entre julio de 1994 y junio de 2007 (último dato de balance publicado), mucho más si se tiene en cuenta que las administradoras declararon ganancias netas por el equivalente al medio por ciento de esa cifra.

El secreto está en que el principal rubro de egresos lo constituyó la contratación de seguros colectivos. La suma nominal aplicada a ese rubro fue de 7 mil millones de pesos. En otras palabras: las aseguradoras recibieron ese dinero no debiendo asumir el pago de beneficios relevantes por siniestralidades, por lo que aquello que figura como gasto en las administradoras en verdad ha sido una generosa fuente de ingresos para la aseguradora, es decir para el grupo financiero propietario de ambas.

Además, la proporción de la comisión bruta percibida por las administradoras destinada a la contratación de seguros colectivos tuvo una tendencia creciente y llegó a representar en el último ejercicio publicado (julio 2006 a junio 2007) el 56% de dicha comisión.

El banco al revés

De este modo, el FJP administrados por las AFJPs efectivamente se transformó en la fuente de financiación de parte del déficit estatal nacional provocado por la reforma; en soluciones de caja para algunas administraciones provinciales que recurrieron a él; y en el vector de acumulación de un grupo reducido de empresas que a tasas iguales o cercanas a cero asociaron de hecho a los aportantes en las variaciones de cotizaciones de los mercados de valores.

Este último punto es particularmente curioso por cuanto el aporte del trabajador que —en general se considera ingreso diferido de éste— constituyó fuente de financiación de los empleadores más concentrados de la Argentina y del extranjero como Telecom, Telefónica, Molinos Río de la Plata, Banco Macro, Aluar, Tenaris, Repsol, Alto Palermo, Loma Negra, Banco Santander BBVA, Los Grobo Agropecuaria, Pecom Energía, Edenor, Edesur, Siderar, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Plan Rombo, Banco Patagonia, Pampa Holding, Quickfood, Metrovías, Chevron, Citigroup, Merril Lynch, Wachovia, Wells Fargo, The Coca Cola Co, Wal Mart, Unilever, etcétera.

Esto amerita adicionalmente un cuestionamiento metodológico a las estimaciones de distribución funcional del ingreso que toman el aporte del trabajador como ingreso de la fuerza de trabajo, teniendo en consideración lo ocurrido entre 1994 y 2008.

   Pero ¿para qué fue la reforma del 94 entonces? El argumento central de aquellos años se concentró en el fracaso del sistema preexistente y en la inexistencia de un mercado de capitales en Argentina. Es cierto que el sistema preexistente había fracasado y esto merece un tratamiento en detalle, pero toda reforma hacia delante debe revisar esa historia desde un escalón cualitativamente superador.

   El argumento de la creación de un mercado de capitales, efectivamente se logró, aunque no en la dimensión esperada y aceleró el proceso de acumulación de capital en pocas manos.

También hay que recordar que la reforma apuntaba a crear mejoras condiciones de empleabilidad en la Argentina, asociadas con ventajas competitivas, que en los hechos derivó en condiciones de flexibilización de contratación de fuerza de trabajo, reducción de la carga de contribuciones patronales y por tanto, en la elevación de la tasa de ganancia empresaria.

El éxito de esa búsqueda tiene su expresión en las altas de desocupación abierta registradas, en la desfinanciación del sistema previsional, en la generalización de formas precarias de contratación, en el crecimiento del empleo no registrado y en el incremento de la brecha entre salario y ganancia en la distribución funcional del ingreso en Argentina.

Ocurre que desde la perspectiva epistemológica neoclásica el salario y sus cargas son un costo. Pero un país como la Argentina en el que el consumo interno representa más del 80 % del ingreso nacional, debe su dinámica a la capacidad de compra de su población.

De este modo, la reforma del 94 estuvo orientada a garantizar la tasa de acumulación de los grupos concentrados locales y extranjeros, algo que fue posible por los consensos sociales existentes, basados en el fracaso del sistema anterior y en modo determinante por el comportamiento del voto mayoritario de ambas cámaras.

En ese sentido, los resultados fueron los esperados por los promotores, es decir garantizar un nuevo ciclo de acumulación y lejos de resolver los problemas de los trabajadores activos y pasivos, profundizó la precariedad de la mano del resto de reformas en materia laboral y el impacto fiscal de la reforma constituyó parte significativa de la explicación de la crisis económica que estalló en 2001.

El FJP recibió un recorte importante por varias vías, la primera es la comisión percibida por las administradoras, la segunda derivada del resultado del canje de la deuda pública efectivizada durante la presidencia de Néstor Kirchner y la tercera como consecuencia de la caída de las cotizaciones de los papeles privados en los cuales estaban colocados casi la mitad de los dineros de la cartera del FJP, entre otros.

Con lo cual, los beneficios realmente existentes fueron mucho más bajos que los esperados y de no interrumpirse el régimen actual, el futuro derivaría en una situación de colapso que culminaría en la necesidad de financiación estatal mucho más costosa que la actual.

La Capital