Las AFJP moveran fondos a partir del lunes

A partir del próximo lunes las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) podrán volver a traspasar y mover fondos de las jubilaciones y pensiones que aún administran. El juez federal Claudio Bonadío, que el martes pasado había dictado una medida en ese sentido, dio marcha atrás con la disposición que originalmente iba a regir por siete días hábiles.
La decisión fue confirmada por fuentes judiciales, que detallaron que la resolución de Bonadío establece que "queda sin efecto la medida de no innovar" que el magistrado había dictado a principios de semana.

La revisión de la medida judicial había sido reclamada ayer por las AFJP. Argumentaron que necesitaban disponer de los fondos del sistema para poder pagar a término los beneficios de 298.000 jubilados y pensionados que cobran bajo la modalidad del retiro programado. Esa forma de pago prevé la extracción mensual de recursos directamente del fondo capitalizado por los afiliados.
Gran parte de las presentaciones incluyó el pedido de liberar el uso de recursos propios de las administradoras: varias interpretaron que la medida cautelar dictada por el magistrado para inmovilizar los recursos se refiere no sólo a los ahorros de los afiliados, sino también al dinero propio, que las AFJP necesitan para mantenerse en funcionamiento.
Las sospechas del fiscal. La decisión original de Bonadío había respondido a una denuncia de oficio del fiscal Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises).
Esa presentación se basó en las informaciones que dio la prensa sobre el tema desde el lunes pasado. Lo que encendió la alarma en la Ufises, según las fuentes judiciales, fue la versión periodística que dio cuenta de una supuesta maniobra de las AFJP para desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante el inminente anuncio de la eliminación del sistema de capitalización.
La operación habría consistido en la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense.